Las Armas de la Crítica

“Es cierto que el arma de la crítica no puede sustituir a la crítica de las armas, que el poder material tiene que derrocarse con el poder material, pero también la teoría se convierte en poder material tan pronto como se apodera de las masas”. En torno a la Crítica de la Filosofía del Derecho – K.Marx

Algunos apuntes en torno al control sobre la educación y una alternativa de clase.

Álvaro Pérez Jorquera,

Vocero de Asamblea de Estudiantes del Departamento de Estudios Pedagógicos G21

Licenciado en Historia,

Estudiante de Licenciatura en Educación y Pedagogía,

Universidad de Chile.

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El 2011 puso en el tapete la crisis que cruza al actual sistema educativo, signado por la lógica del mercado en la cual unos pocos se enriquecen por medio de la educación convertida en negocio. Este sistema que impuso la dictadura, fue mantenido y profundizado por los gobiernos de la Concertación y la Derecha, que incluyó algunas medidas como dar espacio a los bancos para que lucren en base a créditos universitarios (a los cuales deben acceder los hijos de los trabajadores a causa de los enormes aranceles por estudiar), la LGE impulsada por Bachelet que vino a maquillar la herencia de la dictadura sin alterar su núcleo fundamental, el mercado educativo, y las reformas de Piñera que apuntaron a la regularización del mercado para así tapar los escándalos de las universidades en quiebra y los cierres de colegios.

Esto no sólo provocó la salida a las calles del movimiento estudiantil exigiendo demandas, sino que también posibilitó que aparecieran diversas fórmulas tendientes a empoderar a los principales actores de la educación en torno a decidir sobre su propia realidad educativa en abierta contraposición al autoritarismo que hoy caracteriza nuestro sistema educacional, muchas de las cuales fueron lecciones a partir de experiencias concretas como fueron las experiencias del Liceo A-90 de San Miguel, el Liceo de Aplicación en Santiago, Eduardo de la Barra de Valparaíso, el colegio Brasil en Concepción o el República Dominicana en La Florida, todos procesos que apuntaron a dar unos primeros pasos en torno a la necesidad de que sean los propios estudiantes, trabajadores y apoderados quienes decidan el rumbo de su educación. Así nacen alternativas políticas en torno a la temática de la democratización de la educación, pero que obedecen a estrategias políticas de fondo divergentes, y así, se contraponen la política del Control Comunitario con la del Cogobierno Triestamental.

En los límites del Control Comunitario.

Un documento emanado desde la ACES plantea que “el Pueblo organizado (movimientos sociales, organizaciones de actores educativos,  trabajadores, etc.) han participado del debate y la gestión de la educación pública en varias ocasiones en la historia de Chile. De distintas formas se ha intentado hacer frente a la domesticación educativa: auto gestionando escuelas para sus hijos, resistiendo las políticas educativas de la elite, proponiendo leyes educativas y participando en la gestión, fiscalización y definición de la orientación de las escuelas”[1]. Nada más inexacto históricamente. Tanto la construcción de experiencias como el proyecto “Escuela Nueva” de la Asociación General de Profesores (AGP), como las Escuelas Racionalistas de la FOCH, el afloramiento de las Escuelas Consolidadas y el proyecto de Escuela Nacional Unificada son ejemplos de proyectos educacionales de fuerte raigambre obrera y como tales, no planteaban el control comunitario, cuestión que ha sido más bien un intento de darle un sostén histórico a un concepto surgido muy recientemente. Muy al contrario, plantearon abiertamente la centralidad de los trabajadores de la educación y la clase obrera en el control de los proyectos educativos, diametralmente opuesto a lo que es el control comunitario y la estrategia del poder popular con la que está relacionada, como veremos más adelante.

¿Cual es el origen del ideal comunitario? Basta con volver a mediados de los 60′ y principios de los 70′, cuando aquellos ligados a las ideas social cristianas que dieron origen a la Democracia Cristiana planteaban el socialismo comunitario como una “tercera vía” opuesta al capitalismo y a los llamados “socialismos reales” estalinistas. Lo que escondía era un forma de desvío a procesos que pudieran desembocar en revoluciones y choques directos entre clases, bajo el manto de una comunidad que intentaba conciliar intereses contrapuestos, muy similar a aquellos que actualmente enarbolan los “socialismos del siglo XXI”, otra forma más de conciliación de clases y socialismos con empresarios, opuestos por el vértice a toda lógica que propenda seriamente a plantearse una perspectiva revolucionaria.

La política del control comunitario se mantiene enmarcada en cierta indefinición que tiene más que ver con los matices entre los grupos que impulsan esta política que a otra cosa. Así podemos ver a grupos como el Movimiento Popular Guachuneit cuyos planteamientos se direccionan en torno a “cuestionar cada espacio educacional donde estamos sometidos, con la finalidad de controlar nuestra educación y comenzar a decidir nosotros, para ello es necesario avanzar en la incidencia que tenemos en los centros de estudio”[2], lo que en los hechos transforma esta lucha en un proceso por etapas, donde el control efectivo queda en el horizonte mientras se pelea por mayores cuotas de incidencia y participación. Nos preguntamos entonces ¿Si existe la fuerza para imponer mayor participación e incidencia a un sistema caracterizado por su autoritarismo, qué es lo que impide la lucha por el control efectivo? La propia política cortoplazista que divide esta lucha en un programa mínimo (avanzar en mayor incidencia) y un programa máximo (con la finalidad de controlar nuestra educación). Así lo que a primera vista parecía un rojo planteamiento termina mostrando su moderado fondo.

El debate no se detiene allí, pues siguiendo este planteo, la única manera de no subordinarse a un Estado con el carácter de clase que tiene hoy, sería la autogestión total de la comunidad: así recitan en sus escritos que “en un Estado capitalista, la estatización es una jugada en contra de la clase popular. Es por esto que la reforma –por más pataleo de un lado u otro- no viene a cambiar en esencia cómo entendemos la educación”[3]. Esta aseveración no solo no define quienes serán parte de esta lucha, sino que además “crea” una clase ¿Quiénes entran en esta clase popular? ¿Son parte de la misma clase tanto el trabajador, que debe vender su fuerza laboral a un empresario, como el dueño de la panadería que tiene 4 o 5 trabajadores asalariados? ¿O sólo los define su antagonismo común a los grandes empresarios? Ciertamente no es la misma lucha la del trabajador por terminar con su situación de explotación que la del pequeño productor o comerciante por mejores condiciones para continuar con su negocio.

De la misma manera, niega también la sentida demanda de educación estatal enarbolada por el movimiento estudiantil, sin apostar a arrebatarle al Estado el control del sistema educativo sino “construir en los márgenes”, de forma paralela y conviviendo en los hechos con esa educación que dicen combatir. ¿Cuál es el destino de esta propuesta?

Para averiguarlo sólo hace falta remitirse a la experiencia del República Dominicana, dependiente de la municipalidad de la comuna de La Florida, tomado por sus estudiantes y apoderados como reacción al cierre decretado por el alcalde Rodolfo Carter, militante UDI. Luego de meses de intentar levantar la autogestión de la comunidad, el proyecto educativo comunitario se volvió inviable por la falta de recursos, sostenido como estaba en los apoderados de la comunidad, siendo finalmente comprado por el grupo Inti Illimani. Así hoy se mantiene abierto como un colegio privado, con un proyecto educativo de izquierda, pero privado al fin y al cabo, compartiendo el mismo destino que la gran mayoría de los colegios municipales: su traspaso a manos privadas. La mantención de la política de no estatización termina confluyendo de esta manera con el avance en la privatización de la educación, con la construcción de precarios proyectos educativos de izquierda, sostenidos sobre las espaldas de la clase obrera y los sectores populares y aumentando la presión sobre sus castigados bolsillos, verdaderas islas frente a un mar de corporaciones educacionales privadas con dividendos millonarios y subvencionadas por el Estado. Un flaco favor, sin duda, a la lucha popular.

Y así terminan reafirmando que “para acabar con esta realidad debemos construir una educación anticapitalista, disputando espacios y levantando otros necesarios, acumulando fuerzas y uniéndonos para la lucha, controlando nuestros espacios y frenando el avance de las reformas que sólo reacomodan el sistema”[4], es decir que debemos construir una educación anticapitalista (¿dónde? ¿de que manera?) mientras peleamos contra los municipios y los sostenedores para que nos den más participación (porque el control es una finalidad, no un medio) y simultáneamente levantamos precarios proyectos educativos autogestionados. Sin duda no quieren quedar mal ni con aquellos que plantean la educación popular como salida, ni con aquellos que centran sus esfuerzos en la educación formal (con una moderada propuesta). Todo esto enmarcado en la eterna acumulación de fuerzas, que en realidad pone en evidencia la nula disposición a la lucha, por cuanto hay que siempre seguir acumulando fuerzas hasta un momento y cantidad indeterminados. Así sólo hay que luchar por participar, pues no existe la fuerza suficiente para arrebatar el control de la educación, y hay que construir en los márgenes, pues no existe la fuerza suficiente para tomar el sistema educacional por asalto, una lógica que sólo justifica una visión etapista y una política moderada.

Por otra parte, está la propuesta de la ACES, que es respaldada por sectores docentes como el SUTE dirigido por Luis Yánez, en la cual el control comunitario implica que “las escuelas del Estado deben estar bajo el control de las comunidades (estudiantes, docentes, asistentes de educación, apoderados, organizaciones territoriales)”[5], que si bien define con mayor claridad quiénes constituirán aquella comunidad, igualmente no plantea quién será el que dirija el proceso ¿Un olvido? ¿Una discusión no definida?

Nada más alejado de la realidad, pues como ellos mismos plantean, su propuesta “implica la participación real y efectiva del conjunto de la población en determinados territorios, incluyendo la educación y otros temas, como la salud. Esta forma de participación se transforma en trabajo real, que construye, es la forma en que debe organizarse la población chilena”[6]Así terminan de confluir ambas posturas en una concepción que diluye a la clase obrera, sus demandas y sus métodos de lucha, en el heterogeneo entramado del concepto Pueblo, el cual por su composición esta cruzado por intereses divergentes.

Esto política no es nada nuevo. Ya en los años 70’ el MIR puso en práctica su estrategia del Poder Popular, la que al igual que los planteamientos analizados, tiene su base en la unidad territorial de los explotados. ¿Cuáles fueron los problemas de esta estrategia? Por un lado, la estrategia mirista no pone al centro a la clase obrera como sujeto revolucionario. Esto explica que el MIR se construyera por sobre todo entre pobladores y estudiantes, que su frente obrero fuera el más débil de todos sus frentes de construcción y acción política y que su programa para la clase obrera planteara el control obrero para las empresas privadas y mixtas de la pequeña y mediana industria, y la administración obrera, de carácter consultivo, para las grandes empresas estatales, legitimando con ello a los interventores que colocaba la UP en estas empresas y subordinando a la clase obrera al Estado y a la conducción UP.

Por otro lado, la base territorial de la estrategia del Poder Popular se muestra insuficiente como método de combate efectivo contra el capitalismo. Así, si bien los levantamientos territoriales contra la dictadura fueron una importante lucha, tienen también el límite estructural de no poder paralizar el modo de producción capitalista, ni poder ofrecer una superación histórica basada en la apropiación colectiva de la propiedad. La clave de la debilidad estratégica del Poder Popular radica en que “olvidó” una premisa fundamental: el corazón del Capitalismo es la producción y ello eleva a la clase obrera, pieza fundamental de proceso productivo, a la categoría de sujeto esencial de la revolución, una clave esencial para todo aquel que quiera emprender una lucha seria contra el sistema capitalista y su régimen de explotación.

De esta forma, el llamado “Poder Popular” impulsado por el MIR, se configuró como un mero espacio de organización popular que diluyó a la clase obrera, el principal sujeto de la revolución, entre los intereses diversos del pueblo, subordinándola. El MIR planteó este poder como independiente del Estado (sus instituciones), pero no del gobierno (sus partidos) en circunstancias que la UP llamaba a la devolución de las fábricas y los fundos tomados e intentaba llegar a un acuerdo con la DC, integrante de la CODE golpista. Así, el MIR quedó orbitando alrededor de la UP, como una presión desde su izquierda y no fue capaz de configurarse como una alternativa revolucionaria, contribuyendo así a la derrota del ascenso de masas de los años 70’.

Es dentro de esta tradición histórica y estratégica que se enmarcan los grupos que hoy plantean el control comunitario, que en lo fundamental, mantienen un contenido policlasista y pequeñoburgués que diluye a la clase obrera entre los diferentes intereses de quienes componen “el Pueblo”; y un método territorial de lucha, que no obstante no toca la clave del capitalismo, la producción.

El Cogobierno Triestamental como alternativa de clase

Como planteamos anteriormente, la política del cogobierno es el fundamento de numerosos proyectos educacionales a lo largo de la historia. Fue también el núcleo de la reforma universitaria de 1967 que removió los cimientos anquilosados de la universidad tradicional, lo que representó un primer paso para poner la educación al servicio de las necesidades de la clase obrera. La Escuela Nacional Unificada implicó así un paso más allá al hacer extensivo este principio al conjunto del sistema educativo, aunque su gran límite en este sentido fue que lo hizo bajo la lógica de la participación con autoridades estatales y empresarios, recortando la capacidad efectiva de control por parte de los trabajadores[7].

Sin embargo recogemos lo mejor de estas experiencias, definiendo con claridad en primera instancia a los principales actores que deben decidir en educación: académicos, estudiantes y funcionarios en la universidad; trabajadores de la educación (docentes y no docentes), estudiantes y apoderados en la escuela, bajo órganos paritarios de representación como pueden ser los consejos universitarios y los consejos escolares, ambos de carácter resolutivo. ¿Significa esto, como plantean algunos, que los establecimientos escolares y universitarios se desligan de su entorno?

De ninguna manera. Hoy en día son miles y miles los estudiantes de origen humilde, hijos de la clase trabajadora y los sectores populares, que han ingresado al sistema formal de educación en sus niveles primario, secundario y superior, en una masificación del sistema educativo nunca antes vista, cuya única comparación podría ser la cobertura alcanzada en los 70’ durante la UP. Sin embargo, como bien sabemos, esta masificación se hizo de la mano con el avance del sector privado y la transformación de la educación en un negocio y así tenemos que la mayoría de estos estudiantes hoy se encuentra a merced del mercado y los empresarios. Sin embargo no deja de ser algo menor la enorme presencia que tienen estos sectores de la sociedad en el ámbito educativo y que potencialmente, se puede transformar en un enorme potencial a la hora de hablar sobre capacidad de decisión.

Así de la mano con un financiamiento estatal efectivo al sistema educativo, sin empresarios, que pueda sostener los proyectos educativos decididos por los propios actores, el Cogobierno Triestamental se transforma en la única forma de asegurar esta relación en particular con su entorno, y a nivel general, es la única capaz de orientar la la educación hacia las necesidades de la clase trabajadora, de los sectores populares y de sus hijos por su capacidad de control y decisión efectiva, en la perspectiva de impulsar la lucha por una Nueva Escuela Nacional Unificada.

La clave del debate entonces no es la articulación con otros sectores de la clase obrera y el mundo popular, sino quién decidirá efectivamente el destino de los proyectos educativos, que para nosotros debe ser la clase obrera, los trabajadores, sujeto revolucionario por excelencia, ya que son los únicos capaces de golpear el corazón del capitalismo: la producción. Así, a través de sus métodos de lucha históricos, como lo es la huelga, no sólo son capaces de paralizar la producción, sino que mediante la toma de las fábricas y demás lugares de trabajo cuestionan objetivamente la base del poder burgués que es la propiedad privada, enfrentamiento que debe hacer a la cabeza de los sectores oprimidos y explotados de la sociedad, cuestiones fundamentales que todo revolucionario serio debe tener en cuenta si quiere enfrentar decididamente al capitalismo.

Trabajadores de la Educación, apoderados que en su gran mayoría trabajan en los diferentes sectores de la economía de este país, los hijos de los trabajadores, son quienes deben decidir si queremos emprender la construcción de un proyecto educativo distinto, con una orientación de clase, puesta al servicio de las necesidades e intereses de quienes realmente mueven este sistema. Así quienes impulsamos el Cogobierno Triestamental luchamos no por participar o incidir, sino por decidir, no por construir en los márgenes un proyecto precario de educación, sino que queremos tomar el sistema educativo por asalto porque estamos  convencidos que el poder no se crea, sino que decididamente se arrebata.

[1] ACES. Minuta 1 Control Comunitario, 2013, pág. 1

[2] Movimiento Popular Guachuneit. Boletín estudiantil Ahora Guachu N°1, Agosto 2014., pág. 3

[3] Íbid.

[4] Íbid.

[5] ACES. Op. Cit. Pág 5.

[6] Ibid.

[7] Al respecto de esto, el documento de la ENU plantea explícitamente, refiriéndose a la implementación de los programas, que “en este aspecto de la creación de la ENU debe estar presente la participación de la comunidad organizada (…) para asesorar a las autoridades educacionales en el estudio y elaboración de la planes de desarrollo educacionales, de su jurisdicción y en la coordinación del proceso educativo”. Ministerio de Educación. La Crisis Educacional. Ed. Quimantú. Septiembre de 1973. Pág 49. Respecto a su definición de comunidad “esta participación se realizará en forma democrática para concretar el trabajo común y fructífero de profesores y estudiantes con padres, apoderados, trabajadores y representantes de entidades educacionales y de organismos comunitarios”. Cabe destacar que los organismos comunitarios se refiere a las juntas vecinales, clubes deportivos y culturales de la época y por entidades educacionales a las del Estado, las de particulares como empresarios, la Iglesia y e incluso otras mantenidas por la institución de Carabineros. Íbid.

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Esta entrada fue publicada en 14 octubre, 2014 por .

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